Preferentes: crónica de un engaño a los más débiles

Introducción del libro ‘La gran estafa de las preferentes’, de Andreu Missé, director de la revista ‘Alternativas Económicas’

Una investigación sobre el mayor escándalo financiero de la historia de España desvela cómo los bancos actuaron ante la pasividad de los gobernantes

El trabajo pone rostro a los perdedores de la crisis, cuyos ahorros se utilizaron para tapar los agujeros de las entidades financieras

 

Este no es un libro contra la banca. La economía de este país, atascada por una crisis sin fin, precisa más que nunca una banca eficiente, una banca al servicio de los ciudadanos y de las empresas, con supervisores e instituciones públicas que protejan sus derechos.

Este es un libro contra las malas prácticas bancarias, contra los abusos, los engaños y la desigualdad en la información que reciben los clientes, que han permitido atropellos como el vivido por un millón de personas (856.388 de los principales bancos) que colocaron sus ahorros en un producto financiero desconocido llamado “participaciones preferentes”. En la mayoría de casos, los ahorradores fueron engañados al ocultárseles los riesgos del producto, lo cual les causó graves pérdidas económicas y, en bastantes casos, daños irreparables para su salud.

Mi propósito inicial era centrar el trabajo en indagar en las causas y consecuencias que generaron este gran fraude. Sin embargo, la investigación de estas malas prácticas ha constituido un laboratorio excepcional para comprender la profundidad de los efectos de la crisis financiera, económica y social sobre los ciudadanos más vulnerables. Es la mirada de los más perjudicados la que he elegido como punto de observación. De alguna manera, este libro quisiera ser la crónica de los perdedores de la crisis.

El trabajo deja al descubierto las estrechas vinculaciones entre los abusos soportados por los clientes bancarios y las contradicciones del actual sistema financiero. Es un modelo caracterizado por las distorsiones provocadas por la existencia de los paraísos fiscales, la debilidad del poder de los gobiernos ante los gigantescos conglomerados bancarios y la ineficiencia de la regulación para proteger a los ahorradores. Además, en España hay el agravante de que la legislación  se ha incumplido de manera sistemática.

Nacidas en paraísos fiscales

En el recorrido por esta crisis han aparecido numerosas sorpresas que han puesto de relieve lo poco que hemos sabido y sabemos de los bancos y de sus connivencias con el poder político. La primera gran novedad, por ejemplo, fue comprobar la relevancia que ha supuesto el que las preferentes nacieran en un paraíso fiscal. Esta circunstancia permaneció oculta durante muchísimos años para la mayor parte de la gente. Las primeras operaciones de participaciones preferentes se remontan a hace casi veinte años (1998), y se realizaron a través de las Islas Caimán, uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Casi nadie había oído hablar de preferentes y mucho menos entendía su significado. Normal. Las participaciones preferentes no fueron legalizadas en este país hasta 2003. No obstante, entre 1998 y 2003, en pleno reinado del Partido Popular, se emitieron en España 18.693 millones de euros en este producto, gracias a las oportunas autorizaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía.

En 2001, el fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo puso al descubierto este colosal fraude, que pudo alcanzar hasta los 6.000 millones de euros durante los seis años que funcionó la operativa en las Islas Caimán. Pero la solución adoptada por el Gobierno en 2003, respaldada por el Congreso de los Diputados, fue una bendición para la banca: legalización de las participaciones preferentes y amnistía fiscal para los bancos y cajas de ahorros que se habían beneficiado con su comercialización.

Con la llegada de la crisis, iniciada en 2007 y agravada en 2008, los bancos y, sobre todo, las cajas precisaron más capital para taponar sus crecientes pérdidas. En esta coyuntura, la actuación del Banco de España fue determinante para que las entidades financieras acudieran a colocar masivamente las participaciones preferentes entre sus clientes para capitalizarse. Esta decisión resultó ser abiertamente contradictoria con la que el supervisor había mantenido en 2002, cuando advirtió de los peligros de comercializar las preferentes entre la llamada clientela minorista por su menor preparación para comprender los riesgos.

Lo cierto es que los bancos y las cajas colocaron más de 14.000 millones de euros en participaciones preferentes entre su clientela más confiada sólo entre octubre de 2008 y septiembre de 2009. Esta colocación a los pequeños ahorradores tuvo el agravante de que se realizó después que los inversores institucionales hubieran abandonado ese mercado, conocedores del elevado riesgo de estos productos. Para las autoridades, la prioridad fue asegurar la solvencia de bancos y cajas. Por ello, adaptaron la regulación para que las preferentes sirvieran para reforzar su recapitalización. El resultado fue que los tenedores de preferentes fueron los primeros que apechugaron con las pérdidas. Fueron los primeros en rescatar a bancos y cajas cuando en 2011 vieron que no podían disponer de sus ahorros que después fueron convertidos forzosamente en acciones, tras sufrir fuertes pérdidas.

Uno de los puntos centrales de esta historia ha sido poner al descubierto que las duras quitas aplicadas a los ahorradores españoles carecían del soporte de la legislación europea vigente en el momento en que se aplicaron. Se trataba además de unos recortes masivos a ahorradores en unas cuantías que no han tenido parangón en Europa.

El Gobierno justificó siempre las quitas como una exigencia de la legislación comunitaria. La secuencia de los hechos demuestra que sucedió todo lo contrario. Los sacrificios aplicados en España sirvieron de referencia para elaborar posteriormente la legislación europea sobre esta materia. Es decir, a los ahorradores españoles se les aplicaron quitas sin el respaldo legal europeo que las autorizara de forma específica. España fue en 2012 el conejillo de Indias de la normativa que en los años sucesivos se aprobaría en Europa; primero, una comunicación de la Comisión Europea en julio de 2013 y después, en mayo de 2014, una directiva aprobada por el Consejo y el Parlamento de la UE que, además, en los aspectos relativos a la contribución de los inversores al saneamiento bancario, no entró en vigor hasta enero de 2016.

Es cierto que el Eurogrupo, la institución con menos legitimidad democrática de la Unión Europea, controlado por Alemania, exigió con extrema dureza a España aplicar un sacrificio sin precedentes a los tenedores de preferentes y subordinadas. Pero estas exigencias carecían de base legal. El Gobierno español pudo haberse resistido mucho más, pero cedió y pactó con el Eurogrupo un acuerdo que quedó reflejado en el Memorando de Entendimiento (MoU) de julio de 2012.  El MoU fue la base para infligir las pérdidas que se aplicaron a los ahorradores atrapados en estos productos, que en algunos casos alcanzaron el 70%. El Gobierno se negó a que este memorando fuera discutido en el Parlamento español, a diferencia de lo ocurrido en Alemania, Holanda y Finlandia.

La dureza de los recortes contravenía, además, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que había propuesto que sólo se aplicaran “pequeños recortes”. La propia Comisión Europea reconoció en 2016 que a este país se le aplicó “un régimen jurídico que todavía no había entrado en vigor” y que en relación con los sacrificios de los afectados “España había ido más allá de la práctica común hasta aquel momento”.

Rescate financiero

Por otra parte, la contribución forzosa de los tenedores de preferentes y subordinadas en la capitalización de las entidades financieras fue decisiva para que el Gobierno pudiera reducir la cuantía de la petición del rescate desde 60.000 a 41.300 millones de euros. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se resistió desde un principio a pedir el rescate para los bancos españoles por una cuestión de imagen política. El propio presidente había negado incluso que el rescate se fuera a producir en algún momento. El Eurogrupo había ofrecido inicialmente hasta 100.000 millones de euros pensando sobre todo en facilitar toda la financiación necesaria a las entidades españolas para que pudieran devolver completamente los créditos otorgados, principalmente, por los bancos alemanes y franceses.

La aceptación por el Gobierno de unas quitas tan elevadas tampoco fue neutral. El Ejecutivo y los directivos bancarios quizá expresaron mucho pesar por la medida, pero todo el dinero que perdieron los preferentistas no lo tuvieron que devolver las cajas a los afectados. A las entidades les preocupaba bastante menos el desgaste en imagen. Por otra parte, es difícil de justificar que mientras que la banca extranjera recuperó toda su inversión, los pequeños ahorradores sufrieron unas pérdidas tremendas.

España siguió un camino completamente distinto al de Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemania y Francia. En estos países, cuando estalló la crisis los gobiernos decidieron rápidamente emplear todo el dinero público que fuera necesario para salvar a sus bancos sin castigar a los ahorradores.

En nuestro país la decisión de cargar sobre las espaldas de los ahorradores fue especialmente grave porque en 2013 cuando se concretaron las medidas que impusieron las quitas ya se sabía que los preferentistas habían sido personas engañadas. Las autoridades conocían que las preferentes se colocaron en muchos casos a ancianos, personas sin conocimientos no ya financieros, sino que en muchos casos carecían de la educación más básica. Los atrapados fueron la generación de los años del trabajo duro de la posguerra, que lograron pequeños ahorros con grandes sacrificios. Estas fueron las víctimas sobre cuyas espaldas se cargó el primer rescate a la banca.

En este sentido fue especialmente censurable la negativa del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a diferenciar entre inversores institucionales y ahorradores cuando acordó aplicar las quitas a los tenedores de estos productos. Hay que decirlo con claridad: las autoridades sabían muy bien las irregularidades en la comercialización de preferentes, como lo revelan los documentos oficiales.

La desinformación de los clientes bancarios se sitúa en el punto neurálgico de este conflicto. Existe un desequilibrio desproporcionado entre la información que manejan los bancos y la que reciben los ciudadanos. Es lo que los estudiosos llaman “asimetría de la información”. Es la enorme desigualdad existente entre los conocimientos que manejan los poderes financieros y los usuarios de los servicios bancarios. Esta desigualdad ha permitido múltiples abusos como han sido las cláusulas suelo, los swaps o permutas financieras, los intereses de demora desmedidos y los especialmente graves desahucios domiciliarios. La letra pequeña de los contratos ha sido un instrumento que ha jugado siempre en contra de los ciudadanos corrientes.

Hay múltiples muestras de los efectos de esta asimetría en la información. Por ejemplo, cuando los bancos tuvieron conocimiento de que bajarían los tipos de interés corrieron a poner cláusulas suelo en las hipotecas para protegerse de este fenómeno, que conocían por informes oficiales, pero que eran completamente desconocidos por los ciudadanos.

El calvario de los afectados

Por el contenido del fraude, el número de afectados y, sobre todo, por la vulnerabilidad de los mismos, la estafa de las participaciones preferentes ha sido la más grave y perjudicial que se ha producido en este país. Cientos de miles de familias se han visto afectadas con mayor o menor intensidad. Muchas han pasado por un verdadero calvario hasta poder recuperar sus ahorros después de varios años de movilizaciones, protestas y demandas judiciales. Varias decenas de miles de perjudicados han perdido irremediablemente una parte significativa de sus ahorros y otros tantos están todavía pendientes de las sentencias judiciales en el ámbito civil que continuarán dictándose durante 2017 y 2018.

A esta desigualdad en la información ha contribuido en buena parte la falta de diligencia de las autoridades, que no advirtieron con todos los medios a su alcance sobre los posibles riesgos de estos productos. Cuando en otoño de 2011, por ejemplo, se cerró el mercado de las preferentes y los ahorradores no pudieron recuperar su dinero, las autoridades mantuvieron un silencio inexcusable. Los afectados tuvieron que descubrir que sus ahorros habían quedado bloqueados por su propia experiencia o por los avisos de otros afectados y de las asociaciones de consumidores.

Lo ocurrido con esta crisis no ha sido un fenómeno neutral. La indefensión de los clientes se da después de los años de la burbuja crediticia. Entre 1996 y 2010, bancos y cajas cosecharon la friolera de 169.281 millones de euros de beneficios.  Con el estallido de la crisis, las entidades financieras, sobre todo las cajas, recibieron 94.755 millones de euros en ayudas directas de capital. Bancos y cajas percibieron, por otra parte, financiación privilegiada del Banco Central Europeo (BCE) a menos del 1%, que en el caso de los españoles llegó a alcanzar los 378.000 millones de euros, además de un trato fiscal excepcionalmente favorable. En medio de un zarzal de relaciones financieras internacionales complejísimas, los tenedores de participaciones preferentes y otros productos similares se vieron forzados a recapitalizar a la banca con sus preferentes y subordinadas aportando casi 15.000 millones de euros.

Las malas prácticas bancarias no han sido un fenómeno exclusivo de España, pero ha existido una diferencia muy notable con relación a otros países. Mientras que en Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, los desmanes han sido severamente castigados por los supervisores con multas ejemplares, en este país las sanciones han sido ínfimas. Los diez principales bancos estadounidenses y europeos han recibido multas que en conjunto superaron los 150.000 millones de dólares, entre 2009 y 2015.

En España, en 2014 y 2015, las sanciones totales impuestas por la CNMV fueron inferiores a 23 millones de euros para el conjunto de la banca en cada uno de estos años, a pesar de que las infracciones cometidas fueron calificadas de “muy graves”. Se trata de un castigo ridículo si se tiene en cuenta que el volumen total de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas comercializadas entre pequeños ahorradores hasta 2013 ascendió a 42.582 millones de euros.

El poder de la banca

La realidad es que los bancos españoles, especialmente los más grandes, gozan de un poder extraordinario que les ha permitido siempre mirar por encima del hombro a los supervisores. Hay muchas pruebas de ello. En 2015, los bancos sólo rectificaron en un 40% de los casos en que el Banco de España se pronunció a favor de los clientes que habían presentado quejas al supervisor. En el caso de la CNMV, en 2014, las entidades financieras sólo rectificaron en un 7% de los casos en que el supervisor dio la razón a los reclamantes. No es de extrañar, por lo tanto, que la banca española sea la peor valorada del mundo por sus clientes a excepción de Irlanda.

Uno de los aspectos más lamentables para los ahorradores españoles ha sido el desdén de los bancos a la legislación europea, diseñada expresamente para proteger a los inversores. Esta normativa, aprobada en 2004 y vigente en España desde 2007, ha sido infringida sistemáticamente por las entidades financieras. En febrero de 2012, el Grupo de Izquierda Plural presentó una proposición no de ley en la que exigía que los bancos cumpliesen las leyes vigentes. Parece que había que insistir en que las leyes se hacían también para la banca.

Esta historia tiene un aspecto especialmente sangrante cuando se considera que fueron precisamente las cajas de ahorros las que cometieron las mayores tropelías. Excepto dos contadas excepciones, Caixa de Ontinyent y Caixa de Pollensa, las cajas de principios del siglo XXI ya no tenían nada que ver con el origen y la trayectoria social de estas instituciones centenarias.

La dirección de determinadas cajas fue tomada por unos ejecutivos cuya prioridad fue la obtención de beneficios. Para ello emprendieron las inversiones más temerarias, especialmente en el sector inmobiliario, con operaciones altamente especulativas basadas en la adquisición de suelo. La paradoja es que las cajas, que habían tenido unas raíces más sociales por su origen fundacional, se convirtieron en las instituciones más opacas, con un poder cada vez más absoluto en manos de unas cúpulas directivas que ni siquiera estaban sometidas al contrapoder de una junta de accionistas. Las asambleas de las cajas, controladas absolutamente por la dirección, eran reuniones a las que los medios de comunicación tenían prohibido el acceso.

Las transformaciones experimentadas por Caja Madrid, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caixa Catalunya, Caixa Laietana y las cajas gallegas, sólo por citar los casos más significativos, fueron muy representativas. Caja Madrid, bajo la presidencia de Miguel Blesa, desarrolló una gestión especialmente agresiva al realizar la operación más elevada que le permitió captar 3.000 millones de euros en participaciones preferentes en 2009 para recapitalizarse. Todo esto se producía cuando los directivos ya sabían que la entidad estaba sufriendo un grave deterioro económico. Muchos de sus clientes, además, volvieron a ser engañados dos años más tarde con la salida a Bolsa de Bankia, que resultó más ruinosa aún. En total, hubo más de medio millón de perjudicados.

Las malas prácticas están muy bien documentadas. Existen abundantes circulares, correos internos, argumentarios de estas entidades que reflejan la feroz presión a la que sometieron a los empleados para colocar las preferentes a sus confiados clientes. Los bancos y las cajas tenían que recabar capital a cualquier precio, y para ello les valían las preferentes. Se trataba de cubrir las pérdidas de sus insensatas inversiones y el estrafalario tren de vida de sus ejecutivos, con sus elevados sueldos y pensiones. La celebración de los consejos de administración en lugares tan exóticos como India, Shanghai o Ibiza en el caso de la CAM o en Dubai en el de Laietana son bien ilustrativas de un mundo que no tenía nada que ver con una caja nacida para “combatir la miseria pública y fomentar la previsión”.

Entre la diversidad de malas prácticas efectuadas por varias entidades sobresale la manipulación del precio de las preferentes. Aunque estos productos financieros dejaron de emitirse prácticamente en 2009, los bancos y las cajas los continuaron comercializando en los años siguientes a través de un mercado interno, con lo cual mantenían la liquidez inmediata que habían prometido. El problema es que seguían vendiendo estos productos al 100% de su valor nominal cuando su precio real era muy inferior. En ocasiones, sólo representaba el 25% de su valor real. El engaño se convirtió en estafa en bastantes casos.

Las protestas dan sus frutos

Esta crónica dedica una parte relevante a mostrar como las masivas protestas de los afectados fueron fundamentales para recuperar los ahorros. Cuando en otoño de 2011 se produjo el bloqueo de las preferentes (corralito), la noticia se propagó poco a poco por todo el país y a principios de 2012 estalló una oleada de manifestaciones y encierros en ayuntamientos que en algunos casos se prolongaron durante seis meses.

De manera totalmente improvisada surgieron líderes accidentales que organizaron a los afectados y multiplicaron sus acciones. Las protestas de los afectados por preferentes, junto a las realizadas por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), han constituido un nuevo tipo de movilizaciones que no se registraban en este país desde hacía años. Estas acciones sintonizaban fuertemente con las nuevas sensibilidades políticas nacidas a raíz del 15M.

La extensión de estas protestas forzó a los gobiernos de Galicia y Catalunya y al Ejecutivo de Madrid a buscar algún tipo de solución para rebajar la explosiva tensión social. La respuesta fue establecer un sistema de arbitraje para facilitar la devolución del dinero a los casos más sangrantes. Aunque el arbitraje estuvo manejado y realizado a gusto de los bancos, a través de los consultores que habían contratado, permitió a casi 300.000 afectados recuperar su dinero.

Por otra parte, una de las consecuencias más notables de estas movilizaciones fue que visibilizaron el tipo de víctimas atrapadas y propiciaron una gran concienciación de jueces y magistrados. La presencia de ancianos, enfermos de Alzheimer, analfabetos y personas vulnerables en los tribunales significó en bastantes casos un gran revulsivo para determinados fiscales y jueces. Las reticencias históricas de los jueces a condenar a la banca cambiaron progresivamente ante la gravedad de los abusos descubiertos. Primero fueron los juzgados de Primera Instancia, después las audiencias provinciales y finalmente el Tribunal Supremo los que adoptaron una nueva posición ante los hechos.

En el campo civil, los jueces han acabado poniéndose de parte de las víctimas de manera muy mayoritaria, obligando a las entidades financieras a compensar a los afectados. Bankia, por ejemplo, ha tenido que dedicar ya más de 4.000 millones de euros a satisfacer las demandas de preferentistas y accionistas. Por la salida a Bolsa de esta entidad se llegaron a presentar más 103.994 demandas y reclamaciones extrajudiciales. Se han dictado decenas de miles de sentencias a favor de los clientes. Nunca había ocurrido una cosa parecida en este país.

Dos sentencias del Tribunal Supremo obligando a Bankia a devolver el dinero a los casi 350.000 inversores descolocó a analistas, expertos y al propio Gobierno. A principios de 2015, el ministro de Economía, Luis de Guindos, había anunciado que el importe máximo que tendría que asumir Bankia por las reclamaciones judiciales sería de 600 millones. Tras las sentencias del Alto Tribunal, la entidad optó por reintegrar el dinero directamente a los afectados. En mayo de 2016 ya había devuelto más de 1.200 millones de euros y continuaban las devoluciones.

Esta historia ha puesto de relieve que muchas de las irregularidades tienen todas características de delitos, según se desprende de las querellas admitidas a trámite por los jueces. Desde junio de 2012, se han presentado varias querellas criminales contra los responsables de las entidades financieras y en ocasiones contra los supervisores, que en este último caso no han sido admitidas. Destacan las querellas formuladas por UPyD y 15MpaRato. Los delitos de las acusaciones son bien significativos de la gravedad de los hechos: estafa, estafa de inversores, falsificación de cuentas, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas, entre otros.  El asunto principal está en manos del juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, que ha realizado una investigación asombrosa. Con independencia del resultado final, las indagaciones ordenadas por este magistrado han proporcionado ya documentos clave que han sido determinantes en las sentencias favorables a los afectados en los procesos civiles.

Entre estas pruebas destacan los extensos informes elaborados por los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez, que han proporcionado elementos decisivos para comprender las malas prácticas en el funcionamiento de Caja Madrid y Bankia. Los informes tienen especial valor por haberse producido en un clima de fuertes presiones, incluidas las de su propia institución.

Al cierre de este trabajo, el procedimiento penal sigue abierto. Muchos perjudicados se sentirán muy defraudados si la única compensación es la recuperación de sus ahorros tras varios años de litigio. Los afectados exigen un castigo a los responsables de las entidades financieras que les engañaron. La angustia de las víctimas ha sido reconocida en varias sentencias que han condenado a los bancos por daños morales. Muchas personas han enfermado y algunos han perdido la vida a consecuencia de los sufrimientos padecidos.

Esta historia aún no ha terminado. Muchos afectados siguen expresando sus protestas por lo ocurrido. Esta crisis ha elevado considerablemente la conciencia de los derechos de los usuarios en asuntos económicos básicos como son los ahorros. Los ciudadanos están cada día más atentos a las decisiones de los políticos, las autoridades y los tribunales. Este es quizá uno de los pocos aspectos positivos de esta tremenda historia.

[‘La gran estafa de las preferentes’, publicado por la revista Alternativas Económicas, está a la venta en librerías y en formato digital.]

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